Mediante el comunicado de prensa 126/2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó haber resuelto en definitiva lo atinente a buzón tributario, así como a la contabilidad y la revisión electrónicas declarando su constitucionalidad por determinar que “…las normas relativas establecen un modelo de comunicación entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes, compatible con el orden constitucional, mediante el empleo de nuevas tecnologías en materia de comunicación e información, de manera que su regulación es clara, no produce ninguna afectación arbitraria y facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, agilizando los procesos de recaudación y comprobación.”

La noticia fue difundida por el Canal Judicial de manera un tanto confusa para el contribuyente de a pie ya que lo que parecen buenas noticias se esfuman casi al final de la nota (al segundo 51),  redactada de tal manera que relegó a un plano secundario la información de mayor interés y que puedes constatar a continuación: 

Las opiniones respecto de la conclusión del asunto han sido muchas y muy diversas pero destaca la realizada por la Titular de la PRODECON quien calificó como positiva la sentencia de la SCJN que declaró constitucional la contabilidad electrónica:

“Yo estoy a favor de lo digital, estoy a favor de que se pueda actuar en línea en una serie de ámbitos  y finalmente a lo que toca a la revisión fiscal, a la auditoria electrónica, la Corte dejo una parte inconstitucional, lo cual me parece correcta”.

Quien además informó que en breve la PRODECON citará a conferencia de prensa para hacer una explicación completa de la resolución de la Corte.

Lo anterior de acuerdo a notas publicadas el día 11 de julio de 2016 en el blog oficial del Canal Judicial Acceso Directo

A continuación presentamos íntegramente el comunicado de prensa en cita:

No. 126/2016

Ciudad de México, a 6 de julio de 2016

LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE RESUELVE

SOBRE BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIÓN ELECTRÓNICAS

En sesión de seis de julio de dos mil dieciséis, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, de manera unánime, el amparo en revisión 1287/2015 concediendo la protección constitucional a la empresa quejosa en contra del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil quince y del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015.

El anexo referido, al establecer los lineamientos técnicos necesarios para la generación de archivos XML con los que se remitirá la información contable, viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que son formulados por un particular ajeno a la relación jurídico tributaria, los cuales incluso no se encuentran redactados en idioma español.

Por lo que ve al segundo acto, la declaratoria de inconstitucionalidad se decidió porque el citado precepto legal, en cuanto establece que las cantidades determinadas en la preliquidación se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución, viola el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, toda vez que esa propuesta no constituye un requerimiento formal de pago, cuya inobservancia dé lugar a su ejecución inmediata.

Sin embargo, la Sala desestimó los diversos argumentos expresados en la demanda enderezados a demostrar que las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan lo atinente al buzón tributario, así como a la contabilidad y la revisión electrónicas, son inconstitucionales.

Sobre el particular, se determinó que las normas relativas establecen un modelo de comunicación entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes, compatible con el orden constitucional, mediante el empleo de nuevas tecnologías en materia de comunicación e información, de manera que su regulación es clara, no produce ninguna afectación arbitraria y facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, agilizando los procesos de recaudación y comprobación.

Atento a ello, la actividad que despliega la autoridad hacendaria consistente en revisar la información y documentación que obra en su poder, remitida electrónicamente y relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, no constituye un acto de molestia, en virtud de que tal proceder, por sí y hasta en tanto no le haga saber al interesado la existencia de alguna irregularidad, no restringe derecho alguno de los contribuyentes, antes bien, permite constatar su situación fiscal sin generar las consecuencias y afectaciones propias del ejercicio de otras facultades de comprobación, como lo son, la visita domiciliaria o la revisión de escritorio.

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