El IMSS reconoce que los gastos derivados de inscripciones improcedentes de trabajadores en el régimen obligatorio tienen carácter de crédito fiscal y, por lo tanto, causan un perjuicio en materia fiscal al contribuyente patrón, lo que puede ser impugnado mediante el recurso de inconformidad ante ese instituto.
El representante legal de una empresa comercializadora de todo tipo de artículos de comercio acudió a solicitar los servicios de PRODECON, en razón de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), le notificó un oficio mediante el cual le informó que dio de baja del régimen obligatorio del seguro social a tres de sus presuntos trabajadores, al considerar que no se ubican en el supuesto para que proceda el aseguramiento en el referido régimen (por no existir relación laboral), lo que consideró ilegal.
En defensa de los derechos de la contribuyente se interpuso recurso de inconformidad, el cual fue desechado por el IMSS al considerar que la resolución antes referida no es un acto definitivo que afecte su esfera jurídica, ya que no se le dio de baja como patrón ni se le otorgó o negó de forma definitiva alguna prestación derivada de la Ley del Seguro Social (LSS), por lo que tal acto no podía ser impugnado mediante el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la LSS.
Derivado de lo anterior se promovió juicio contencioso administrativo, en el que el Órgano Jurisdiccional que conoció de éste, determinó que es ilegal que se haya desechado el recurso de inconformidad antes citado, pues la baja de los presuntos trabajadores de la contribuyente se traduce en un crédito fiscal, el cual le causa un perjuicio en materia fiscal debido a que el IMSS aplicará los importes pagados (por concepto de cuotas obrero-patronales), para resarcir sus gastos de administración y de operación, derivado de inscripciones improcedentes, de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 287 de la LSS, lo que contrario a lo resuelto por el IMSS, hace procedente en forma optativa el recurso de inconformidad o bien, el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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